LECCIONES SIN ASIMILAR

La Prensa. 5 de septiembre de 2008.

Hace rato lo intuimos; los panameños, pero también la comunidad internacional y los organismos internacionales de derechos humanos, tienen su cuota de responsabilidad frente a las violaciones a los derechos cometidos en la dictadura, dadas las acciones u omisiones aplicadas en la historia lejana y reciente del accionar, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), lo cual puede explicar en alguna manera el aparente paralelismo entre los sucesos que actualmente enfrenta la sociedad panameña y hechos históricos.

Sobre las omisiones de la CIDH recordamos, entre otros episodios, cómo en octubre de 2007 se le planteó una solicitud de medidas cautelares que buscaba evitar la extradición de Noriega, bajo el argumento (a la sazón inédito en el Sistema Interamericano) de que su extradición ponía en peligro los derechos de verdad, justicia y reparación suficiente de las víctimas de la dictadura, y su participación directa en la búsqueda de la verdad debida a las víctimas.

También recordamos que esa solicitud no recibió respuesta de parte de la CIDH, supuestamente, por razones de derecho y de real politik.

Por ello, mayúscula fue la sorpresa, cuando leímos el comunicado de prensa No. 21/08, de 14 de mayo de 2008, proferido por la CIDH, en donde refiriéndose a la eventual extradición de líderes paramilitares a Estados Unidos, la alta instancia internacional manifiesta su preocupación por la extradición… que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes armados perpetrados en Colombia... “la Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares”. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes… por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. “También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado”. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares. (los entrecomillados son nuestros).

Así las cosas, y dado que el comunicado de prensa reproduce argumentos centrales esbozados en la solicitud de medida cautelar de octubre de 2007, solo queda suponer que nunca hubo razones jurídicas que evitaran acceder a lo solicitado por los peticionarios. Restan pues las de la real politik, según los cuales, la presencia de miembros de la dictadura en altos puestos gubernamentales eran la receta segura para garantizar la libertad de Noriega, una vez tocase suelo patrio, con el consiguiente saldo de impunidad.

Y es ahí donde nos preguntamos si existen diferencias entre nuestro país y un Estado como el colombiano, en donde desde su Presidente, miembros de su equipo de campaña e importantes congresistas oficialistas están vinculados en el escándalo de la “parapolítica”, que hasta aprehensiones por la Interpol ha generado; en donde hay sentencias de la Corte Interamericana y decisiones de la CIDH que demuestran los vínculos Ejército–paramilitarismo, mismas que reflejan además la alta dosis de impunidad que ha existido respecto de los graves crímenes cometidos en el conflicto colombiano, dada la inacción del sistema de justicia.
Pues sí, sí existe una diferencia. Y es que pese al elevado riesgo de impunidad que también subsiste en Colombia, dada la correlación de fuerzas políticas, económicas y sociales vinculadas al paramilitarismo; ese país sumido en un sangriento conflicto armado interno ha sabido impulsar un ejercicio de justicia transicional, que al menos ha logrado colocar en prisión a algunos responsables (incluyendo los de alta jerarquía dentro del paramilitarismo) de estos graves crímenes.

Diferente a Panamá, en donde los más altos responsables de los crímenes, incluyendo Noriega y sus cómplices, reiteramos, salvo raras excepciones, no han purgado el primer día de cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos en suelo patrio.

Empero, nada de ello justifica la actuación de la CIDH frente al tema Noriega, ya que los muertos, torturados, desaparecidos, encarcelados, los atacados sexualmente en prisión por la dictadura, los exiliados y sus familiares; en atención a los principios de igualdad y no discriminación, reconocidos en la Convención Americana, merecen de la misma protección que se le brinda a las víctimas de las dictaduras de Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Guatemala, México, El Salvador o las víctimas del conflicto colombiano.

Por todo, resulta importante el retorno de Noriega a nuestro país, para que purgue sus penas e indemnice a las víctimas, que se dé el debate necesario en nuestra sociedad que permita cerrar las heridas abiertas, alcanzar así la reconciliación nacional y restablecer, en la medida de lo posible, los derechos de las víctimas de la dictadura, y por supuesto, el consolidar nuestra democracia.

Al retorno de Noriega tal vez contribuiría a que las víctimas y sus familiares se organizaran, a fin de hacer llegar al Tribunal de Apelación de la Florida la documentación relativa respecto de las condenas que pesan sobre Noriega, así como su punto de vista en aras de demostrar cómo su eventual extradición a Francia vulneraría sus derechos de verdad, justicia y reparación suficiente.

Adicionalmente, respecto del affaire Noriega nos preguntamos – ahora que se habla tanto de la posible venta de sus bienes– ¿se puede pensar en utilizar los fondos de la venta de sus propiedades para indemnizar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad sobre los cuales se ha declarado culpabilidad? ¿Qué va a hacer el Estado panameño para indemnizar a las víctimas de la dictadura, y cuándo lo hará?

En cuanto al tema de la consolidación de la democracia panameña, a ello también hubiere abonado la decisión del Ejecutivo de enviar los proyectos (ahora Decretos) de seguridad a la Mesa de la Concertación, para que siguiendo los canales de participación democrática, todas las fuerzas vivas de la sociedad participen en la construcción de una estrategia integral de seguridad, con la que todos y todas se sientan identificados y comprometidos, y en donde la libertad, que es la razón de ser de la seguridad, no se subordine a intereses de seguridad y geopolítica, que tal vez no sean nuestros, y en donde las garantías de no repetición a favor de las víctimas de la dictadura no sean conculcadas.

¡Ojalá así sea!