La Prensa, 14 de agosto de 2007.
Una de cal, otra de arena. Un observador desprevenido puede llegar a ese balance respecto de la actuación de la Cancillería panameña, si compara su actuación para lograr la culminación de las negociaciones con los EU relativas al TPC, versus lo hecho en el caso Noriega. Empero, permítanos el lector expresar algunas consideraciones, que empiezan por el TPC.
Pese a entender que el tratado representa una evolución en las relaciones con EU, ya que pasamos del periodo signado por la primacía del componente geopolítico, militar y por supuesto comercial, a otro en donde nuestros Estados se relacionarán de manera esencialmente comercial, también hay que decir que la coyuntura se apreciaba propicia para considerar que no debíamos entrar a esa nueva etapa de la amistad entre los Estados, sin que antes se plantease la necesidad de que aquel país expresara su voluntad de atender temas de la agenda previa que no han sido satisfechos.
Sabemos que existen más temas pendientes que los que acá menciono, pero estimo que desde la perspectiva de las ONG de derechos humanos se hubiera visto positivamente una gestión de la Cancillería, traducida en una solicitud formal, en la que se hubiere planteado a EU la importancia de atender las siguientes situaciones: a) Isla de San José, b) Polígonos de tiro, c) Verdad, justicia y reparación suficiente para las víctimas de la invasión; quedando abierta la agenda para otros temas, incluyendo la extradición de Noriega, que desarrollaré en breve.
Que se me entienda correctamente. Es necesario el comercio entre los Estados, pero me parece de justicia que antes de incrementar nuestros niveles de amistad con EU, la Cancillería debió plantear el interés en tocar estos asuntos; dejando presente la necesidad de una negociación bilateral para lograr que estas obligaciones se honren de manera adecuada.
Y como activista de derechos humanos espero que su lenguaje esté inserto en la redacción del TPC, y que esté clara su primacía, por encima de los compromisos internacionales en materia comercial.
De momento, hay que esperar las futuras consecuencias sociales que conlleve el TPC, ya que solo entonces se sabrá si su ratificación fue una medida de arena, o acaso una de cal, la que se añadió a la agenda humanitaria.
Sobre el tema de Noriega, se ve hasta el momento que estamos frente a otra medida de cal, respecto de la actuación de la Cancillería.
Y es que no sólo el interés nacional está en juego. También el cumplimiento de obligaciones internacionales de Panamá en materia humanitaria, particularmente en lo relativo a las justas reivindicaciones de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la dictadura militar.
Para fortalecer el punto, permítannos hacer otro breve excursus.
Parece que fuera ayer cuando los "cantalantes", epígonos del gobierno, y algunos de sus personeros satanizaban a las ONG de derechos humanos, quienes, textuales palabras "se ocupaban sólo de los derechos de los delincuentes, olvidándose de las víctimas", cuando se intentaba reformar la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana para que esta fuera cónsona con la agenda humanitaria o, de no ser ello posible, evitar su aprobación.
Resulta curioso que todos aquellos que esgrimieron estas y otras pueriles argumentaciones, incluyendo a algunos medios de comunicación que tienden a ridiculizar el activismo en derechos humanos, ahora, frente al affaire Noriega, olviden sus posturas de defensa de las víctimas, tema este último que es invisible en la actual coyuntura.
Y es que, vamos, el blanqueo de capitales sin duda es un delito grave, pero lo son más las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y demás crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, dirigida en su momento por Noriega. Y esto no es un ejercicio especulativo. El consenso de la comunidad internacional, reflejado en todos los tratados de derechos humanos ratificados por Panamá, reconoce que estas conductas forman parte del listado de delitos más graves que puede cometer cualquier persona en el orbe, siendo sólo superados por el delito de genocidio, el más grave de todos los delitos.
Luego, ¿no perciben el auténtico interés nacional panameño, que es infinitamente mayor al interés francés en el tema dada la naturaleza de los delitos en juego? ¿No perciben el legítimo interés de las víctimas en ver que los responsables de las violaciones a los derechos humanos, sufridas por ellos y sus familiares, no dejen de sentir los rigores del cumplimiento cierto de la Ley Penal, máxime cuando los tratados de derechos humanos ratificados por Panamá, incluyendo la Convención Americana, les imponen a los Estados partes la obligación de sancionar y hacer cumplir por todos los medios a su alcance, esas sanciones a los responsables de tan horrendos delitos?
Entonces, cuidado. La omisión de Panamá en este sentido puede acarrear responsabilidad internacional, provocar que seamos sometidos ante instancias internacionales, con los costos económicos que ello representa, y, por supuesto, el escarnio y vituperio de la imagen del país ante la comunidad internacional, que -al menos en esta ocasión con razón- le reprochará que su conducta vaya en contravía de la larga lucha internacional en contra de la impunidad.
No obstante, esperamos que la sensatez y la justicia prevalezcan.
Por eso, no importa lo que digan los abogados de Noriega. El sistema que hemos consolidado desde su salida del poder le permitirá ejercer todos los recursos legales ante un Órgano Judicial que, con todas sus limitaciones, es más independiente e imparcial que aquel que Noriega y sus secuaces quisieron brindarle al pueblo panameño, según el informe de la Comisión de la Verdad; que demostró el nivel de indefensión en que se encontraron las víctimas del régimen tiránico. Así es que dejen que el general venga, que venga con confianza, pues es el Estado de Derecho el que aquí le espera.
Ojalá así sea.
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