sábado, 7 de noviembre de 2009

ENSAYO DE SARTORI SOBRE EL FUTURO DE LA CIENCIA POLÍTICA

INTERESANTE ARTÍCULO. RECOMENDAMOS SU LECTURA SOBRE TODO PORQUE ESTE CONSERVADOR AUTOR DESNUDA LAS FALENCIAS DEL ENFOQUE CUANTITATIVISTA, Y LA SEPARACIÓN (INDUCIDA DE PARTES INTERESADAS A MI JUICIO) ENTRE CIENCIA Y PRÁCTICA EN LA ESCUELA NORTEAMERICANA, REPLICADA EN AMÉRICA LATINA DONDE SE HA IMPUESTO ESTE MODELO.

AHORA SE EXPLICA PORQUE ALGUNOS CIENTISTAS SOCIALES SÓLO BUSCAN QUE SUS ESCRITOS SEAN PUBLICADOS, MIENTRAS OTROS CON SUS ESCRITOS BUSCAN, A SABIENDAS DE LOS LÍMITES DEL DISCURSO (PERO CON SU POTENCIAL CONTRAHEGEMÓNICO); CAMBIAR EL MUNDO...

EL ENSAYO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN:

http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_XI_N2_2004/EnsayoSartori.pdf

miércoles, 28 de octubre de 2009

IMPULSEMOS LA RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO SOBRE DESC PARA LOGRAR SU JUSTICIABILIDAD

http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/good-news/gobiernos-firman-defensa-derechos-economicos-sociales-culturales-20090924

Los gobiernos firman por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales
24 septiembre 2009

El jueves 24 de septiembre, 20 Estados comenzaron a firmar en la sede de la ONU en Nueva York un acuerdo internacional para atajar las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Por primera vez, el Protocolo Facultativo establece un mecanismo de acceso a la justicia a nivel internacional para las personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales han sido violados.

Son innumerables las personas que en todo el mundo, especialmente las que viven en la pobreza y sufren discriminación, soportan violaciones de sus derechos y la negación de justicia a nivel nacional. El Protocolo Facultativo les permitirá el acceso a la justicia a nivel internacional y al mismo tiempo apoyará los esfuerzos para que haya recursos efectivos disponibles para que las victimas puedan acceder a estos derechos en sus países.

“En el día de hoy se ha dado un paso decisivo hacia la justicia para las personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales han sido violados”, ha dicho Muthoni Wanyeki, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, al iniciar 20 Estados en la sede de Naciones Unidas la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“La Coalición celebra el significativo inicio hacia un apoyo universal para este histórico mecanismo: 33.794 personas y ONG de 111 países han firmado una petición global invitando a los Estados en situación de hacerlo a que sean partes en el Protocolo Facultativo a través de la ratificación.”

Los siguientes Estados han firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Argentina, Bélgica, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gabón, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Portugal, Senegal, Ucrania, Uruguay y Timor Oriental.

EL TEXTO DEL PROTOCOLO ESTA DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN http://www2.ohchr.org/spanish/law/docs/A.RES.63.117_sp.pdf

sábado, 24 de octubre de 2009

FOTOS GIRA 350 PANAMÁ




ADJUNTAMOS FOTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL CANAL...




viernes, 23 de octubre de 2009

GIRA 350 PANAMÀ

EL 24 DE OCTUBRE DE 2009 SE ESTARÀ CELEBRANDO EN TODO EL MUNDO EL DENOMINADO DÌA DE ACCIÒN 350.

LOS PROPÒSITOS DE ESTA ACCIÓN SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

"El día de acción de 350 ha sido nombrado así con motivo de las 350 partes por millón (ppm), el nivel máximo de dióxido de carbono en la atmósfera seguro para el clima, según los científicos (ahora estamos en las 387 partes por millón y en rápido aumento). Gracias a las campañas realizadas en todo el mundo, 89 países ya se han comprometido a establecer 350ppm como objetivo global. Y esta cifra se ha convertido en una expresión que simboliza el acuerdo justo, ambicioso y vinculante por el que estamos luchando. El 24 de Octubre, en cada evento (demostraciones, encuentros, fiestas, etc.), tomaremos una foto que, de alguna manera, destaque o represente el número 350. Fotografías de todo el mundo se recopilarán y se enviarán a reporteros y periodistas y se difundirán a los medios de comunicación de todo el planeta a través de gigantescas pantallas situadas en Times Square, Nueva York. Finalmente, se entregarán directamente a cientos de líderes y políticos en las semanas venideras".

YA INSCRIBIMOS NUESTRA ACTIVIDAD. SE LLAMA GIRA 350 PANAMÀ. TE INVITAMOS A TI TAMBIEN A QUE PARTICIPES DE LA MISMA, Y CONTRIBUYAMOS A LA PROTECCIÒN DEL AMBIENTE.

ATENTOS SALUDOS.

UNETE AL MOVIMIENTO.

http://www.350.org/es/node/11459

video

EN URUGUAY CONDENAN A DICTADOR


ESTE SEÑOR TIENE MÀS O MENOS LA MISMA EDAD DE NORIEGA...ALLÀ CONDENA Y CÀRCEL...ACÀ?


CUANDO SABREMOS ADELANTAR UN EJERCICIO DE JUSTICIA TRANSICIONAL?




URUGUAY
Justicia alcanza a dictador




Álvarez, de 83 años, está preso desde diciembre de 2007. EFE


El general retirado se desempeñó como presidente de facto de la dictadura del 1° de septiembre de 1980 a 1984. La dictadura militar uruguaya duró 12 años, de 1973 a 1985.
Álvarez, de 83 años, está preso desde diciembre de 2007. EFE1283138

AP. MONTEVIDEO, URUGUAY


La justicia condenó ayer jueves a 25 años de prisión al ex dictador general retirado Gregorio Álvarez, acusado de 37 delitos de homicidios en el marco de la Operación Cóndor durante la dictadura que encabezó, según confirmaron la esposa del sentenciado y un abogado defensor de los derechos humanos.


El juez penal Luis Charles condenó a Álvarez bajo cargos de lesa humanidad por los 37 homicidios de acuerdo a las pruebas presentadas por la Fiscalía con relación al traslado clandestino de prisioneros a través de la llamada Operación Cóndor, de la que participaron las dictaduras de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.

El abogado Oscar López Goldaracena fue el impulsor de la causa por sus investigaciones del traslado de los prisioneros desde Argentina durante la llamada “guerra sucia”.

La condena de 25 años por “desaparición forzada de personas” la había reclamado la fiscal Mirtha Guianze, en una de las múltiples causas que están en los juzgados penales. El juez empero les tipificó homicidios especialmente agravados.

“Yo quiero saber qué bases y pruebas tienen y donde están los cadáveres”, declaró la esposa de Álvarez, Rosario Flores, agregando que “esto es algo orquestado para las elecciones” del domingo.

La esposa de Álvarez se declaró “muy desilusionada con el Uruguay que fue un país de avanzada en el mundo y que ahora se constituye (la justicia) en función de un grupo político”, aludiendo a la coalición izquierdista del Frente Amplio.

Además, fue condenado a 20 años de prisión el capitán de la armada Juan C. Larcebeau por la acusación de 29 homicidios por iguales delitos de esos traslados clandestinos en 1978.
Álvarez, en una de sus presentaciones a declarar levantó sus manos esposadas y proclamó: “sabía que iba a morir en la cárcel”.

domingo, 18 de octubre de 2009

PRESENTAN HÀBEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO POR LAS CONDICIONES INHUMANAS DE LAS CÀRCELES DE COLÒN

http://www.laestrella.com.pa/mensual/2009/10/17/contenido/159388.asp

LA ESTRELLA 17 DE OCTUBRE DE 2009

Maribel Jaén y Víctor Atencio interpusieron un recurso para soluciones urgentes.
RED DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA Y PAZ
Demandan a Mulino por cárceles colonenses
Autoridades alegan que están resolviendo la crisis carcelaria

PANAMÁ. Una demanda en contra del ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, y el director del Sistema Penitenciario, Diomedes Kaa, por el estado de abandono en que se encuentran las cárceles de Colón, presentó ayer la Comisión de Justicia y Paz, en conjunto con la Red de Derechos Humanos y el Centro de Iniciativa Democrática, ante la Corte Suprema de Justicia.

Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, declaró que un monitoreo en la cárcel Nueva Esperanza y en el Centro Femenino de Colón evidenció las condiciones infrahumanas para los más de mil privados de libertad, lo cual es una violación a los derechos humanos.

La agrupación presentó un hábeas corpus correctivo y selectivo, para que se corrija lo más pronto las omisiones en ambos centros penitenciarios, donde hay daños en la bomba de agua potable, aguas negras en las celdas, roedores, fibra de vidrio y la falta de camas.

MEDIDAS

Los demandantes solicitan a las autoridades judiciales que ordenen en un plazo perentorio subsanar las afectaciones antes mencionadas.

También solicitan se decreten medidas cautelares distintas a la detención preventiva en los casos de los privados de libertad no condenados, hasta tanto no se normalice o restablezca el suministro de agua al complejo penitenciario.

GOBIERNO RESPONDE

Por su parte Mara Rivera, vocera del Ministerio de Gobierno y Justicia, manifestó que el actual ministro heredó un sistema penitenciario deplorable. “No había agua, el hacinamiento era terrible”, dijo. En los tres meses de gobierno se han hecho mejoras en cuanto a infraestructuras carcelarias. Además de esto se está poniendo al día con los detenidos que han cumplido las dos terceras partes de sus condenas.

“Se está revisando caso por caso para poder cumplir con su liberación”, acotó Rivera.

Ya se aprobó todo lo que será la construcción de la ciudad penitenciaria y el 19 de noviembre se hará una reunión explicativa para todos los interesados en la obra. La vocera agregó que se van a reestructurar todas las cárceles y en Colón se construirá una nueva. Diomedes Kaa, director del Sistema Penitenciario, aunque reconoció el abandono en que se encuentran las cárceles de Colón, manifestó que la demanda no va a prosperar porque son problemas que no vienen de ahora. Sin embargo, elogió la iniciativa de las organizaciones.

TITULO A DOS PISOS

tex

CRE

POBLACIÓN

10,450

Reos aproximadamente se mantienen en las hacinadas cárceles de todo el país.

1,500

Es la cantidad de privados de libertad en la provincia de Colón. Esto entre hombres y mujeres.

128

lunes, 12 de octubre de 2009

HABEAS DATA CONCEDIDO EN CONTRA DEL SISTEMA PENITENCIARIO. TEMA MUJERES CASADAS O UNIDAS EN EL FEMENINO

ACCIÓN DE HABES DATA PRESENTADA POR EL LICENCIADO VÍCTOR ATENCIO, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. PONENTE: WINSTON SPADAFORA F. PANAMÁ, MARTES 3 DE MARZO DE DOS MIL NUEVE (2009).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
Sala: Pleno
Ponente: Winston Spadafora Franco
Fecha: 3 de Marzo de 2009
Materia: Hábeas Data
Primera instancia
Expediente: 677

VISTOS:
Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de habeas data presentada por el licenciado Víctor Atencio, contra el Director General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Señala el actor que para el 25 de junio de 2008, solicitó al Director General del Sistema Penitenciario, información relativa a "1. La población de personas privadas de libertad en el Centro Femenino de Rehabilitación "Doña Cecilia Orillac de Chiari", 2. Población de privadas de libertad casadas, que se encuentran en el Centro Femenino, 3. Población de Privadas de Libertad en unión de hecho, que se encuentran en el Centro Femenino, 4. Cualquier otra información que estime pertinente".
Para el 28 de julio de 2008, indica el accionante, reiteró su solicitud de información, sin que a la fecha se le haya brindado respuesta a su petición de información (fs.1-3).
Luis Gordón Saldaña, Director General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia, al contestar el informe requerido mediante Nota No.3011-DGSP-DAL de 2 de septiembre de 2008, informó que efectivamente se le presentó la referida solicitud el 25 de junio de 2008.
No obstante lo anterior, el servidor público requerido expresa que "como la información de los puntos 2 y 3 no la tenemos sistematizada, solicitamos al Centro Femenino la información quienes debieron revisar cada expediente para verificar el estado civil en las horas de filiación y no fue hasta el día 27 de agosto de 2008, donde el centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari nos remite la información solicitada".
Con relación a esa información, indica, se les informó que en ese Centro de Rehabilitación existían unas 80 uniones de hecho, 59 casadas, 2 divorciadas, 10 viudas y 328 solteras. Entre tanto, el resto de la información se puede obtener en la página web del Centro Penitenciario (fs.11-12).
Procede de inmediato el Pleno de la Corte Suprema a resolver, según lo que en derecho corresponda. En ese sentido, se evidencia que el activador constitucional solicitó al Director General del Sistema Penitenciario cierto tipo de información relacionada con las privadas de libertad en el Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari.
En el informe remitido a esta Superioridad por el Director General del Sistema Penitenciario, se evidencia que la información no tiene el carácter de información confidencial o de acceso restringido y que, si bien hubo una demora en el suministro de la información, fue porque parte de la información requerida no les llegó en tiempo oportuno procedente del Centro Femenino de Rehabilitación.
No obstante lo anterior, lo cierto también es que de la respuesta brindada por el servidor público requerido, no se evidencia que la información requerida haya llegado a manos del peticionario, es decir, que se le haya suministrado al accionante.
Por lo tanto, con vista que se desprende que la información solicitada es de carácter o acceso público y siendo que no existe constancia que haya sido suministrada al actor, esta Corporación de Justicia considera que lo que corresponde es conceder la acción de habeas data impetrada.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la acción de habeas data promovida por el licenciado Víctor Atencio, y ORDENA al Director General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia que en el término de cinco (5) días hábiles suministre la información requerida.
Notifíquese y cúmplase.

WINSTON SPADAFORA FRANCO

ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES
CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

viernes, 9 de octubre de 2009

LA MIRADA VERDE

ESTRELLA 2 DE OCTUBRE DE 2009.
La mirada verde
VÍCTOR ATENCIO G.*


Escuché una leyenda indígena. La historia de Niatá y Ssoná. Niatá, joven dedicada al culto de la Madre Tierra, hablaba con los espíritus; y tenía una sonrisa bella y una verde (sus ojos eran guardianes del poder de la naturaleza) y triste mirada.
Ello obedecía al amor oculto que sostenía con Ssoná, humilde chamán, de corazón limpio, quien adoraba en silencio a la tierna doncella.Niatá era hija del poderoso cacique, Casbo; y fue prometida por él a un jefe extranjero, para consolidar su alianza y sus riquezas.
Al enterarse Ssoná, se sentó en humilde expectativa fuera del palacio de Casbo, a la espera de poder manifestar su amor por Niatá. Así un Casbo colérico, lo sacó del lugar, matándolo.
Niatá, corrió a evitarlo, pero solo encontró el cuerpo exánime de Ssoná. Presa del dolor, miró al Cielo suplicando apoyo. Oró a la Madre Tierra pidiendo se lo devolviese. Sus lágrimas cubrieron de verde el cuerpo amado; pues en desesperado intento, entregó la esencia de la vida oculta en su mirada, esperando ganarle la partida a la muerte. Pero el destino le reclamó también, su último aliento.
Los dioses al conocer los hechos, impidieron el designio de la muerte, eternizando a los amantes. Ella fue convertida en la Luna, y él en el verde océano.
Así durante eones la Luna, con sus decolorados ojos blancos, sale por las noches a dirigirle guiños a su amante oceánico, dejando caer su brillante cabellera plateada, rozando su rostro.El mar, frío por dentro, por la falta de su amada, de cuando en cuando, instigado por las caricias de la Luna, se agita, y tiende sus brazos, en viril afán de abrazarla. Pero sale sonriendo la muerte, su obra no es vana, porque ese abrazo nunca se consuma.
La leyenda explica el surgimiento de la Luna, el Mar, las mareas oceánicas, y da características del amor. Desde que la escuché no los he visto igual. Marcó mi manera de entender el mundo. Al igual que la marcó presenciar, en medio de sonido y furia; el desalojo de los Nasos en Catedral.
En mí resuenan paralelismos entre la leyenda, la lucha del pueblo Naso por sus derechos territoriales, y éste desalojo. Creo que al Gobierno le falta la mirada verde, para adelantar una adecuada agenda en materia de desarrollo y ambiente, y comprender los derechos humanos diferenciados en función de grupo, que amparan a los pueblos indígenas, dadas sus desventajas con respecto del resto de la población, producto de 500 años de vejámenes infligidos; derechos que reconocen la relación entre los indígenas, su cultura, sus territorios y la naturaleza.
Así está establecido en la legislación internacional (arts. 7, 10 y 26 “Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y art. XVIII del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas), en decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas y Pueblos Indígenas en las Américas 1996-1999, o el caso de las Hermanas Marie and Carrie Dann), y en sentencias de la Corte Interamericana (ejemplo Awas Tigni y Yayke Axa).
Eso lo sabe el señor presidente. Su discurso en la ONU recalcó la grandeza de las culturas indígenas, el orgullo por nuestras libertades, nuestra tradición de paz, la igualdad de los hijos de Bolívar, con sangre indígena, blanca, afro, la capacidad de conciliación de las sociedades, el poder de la palabra, la comunicación como conductor de muchas cosas incluyendo la política, la mezcla de razas, el diálogo, tolerancia, el valor de nuestra gente, a nuestro multiétnico pueblo; y reconoció la protección que las comarcas han brindado a los pueblos indígenas en contra del “ maltrato natural y la asimilación cultural ”.
Lamentablemente el mismo día se da al traste con el discurso, desalojando arbitrariamente a los Nasos, afectando sus derechos de reunión y libertad de expresión.
Es importante que el Gobierno Nacional tenga la voluntad política de entender la justicia de las reivindicaciones territoriales de los Nasos, e implemente políticas adecuadas que permitan la supervivencia cultural de este pueblo originario.
Que se concrete el anhelo de los pueblos indígenas de justicia poética. Que no culmine en tragedia, como el amor de Niatá y Ssoná; y que sus reivindicaciones no sean como el deseo imposible de estos dos amantes, que terminaron convertidos en el Mar y la Luna, sin posibilidad de volver a encontrarse, por designios de lucro, poder y muerte.

Activista de derechos humanos.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

A PARTIR DE MAÑANA SE COARTA LA PRIVACIDAD EN LA INTERNET

YA FUE PUBLICADA EN GACETA OFICIAL LA LEY NO. 51 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 QUE RESTRINGE LA PRIVACIDAD EN LAS COMUNICACIONES.

EL TEXTO ESTA DISPONIBLE EN

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26374/21833.pdf

martes, 1 de septiembre de 2009

PIDEN AL CANCILLER RATIFICAR CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS




LA PRENSA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009



Vía Rápida
Piden al Canciller ratificar convenio sobre desaparecidos



CRÍMENES. La Red de Derechos Humanos de Panamá (RDH-Panamá), le solicitó ayer al canciller, Juan Carlos Varela, hacer las gestiones para que se ratifique la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Víctor Atencio, dijo que así se evitará la repetición de los crímenes de lesa humanidad. También se establecería el día del desaparecido, y se honraría a la víctimas de la dictadura militar.



SEGÚN EL SITE DE NACIONES UNIDAS PANAMÁ SÓLO HA FIRMADO LA CONVENCIÓN (25 DE SEP DE 2007). http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en
NO LA HA RATIFICADO...
HAY UNA CAMPAÑA DE AMNISTÍA PARA IMPULSAR LAS 7 RATIFICACIONES QUE HACEN FALTA, Y NO INCLUYEN A PANAMÁ...EL PAÍS PUEDE QUEDAR COMO UN PRINCIPE, INCLUSO CON RATIFICACIONES ANTES QUE COSTA RICA!!! https://www-secure.amnesty.org/es/appeals-for-action/siete-ratificaciones-mas-vigor-convencion-contra-desapariciones-forzadas
IMPULSEMOS LA RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN!!!!!!


lunes, 17 de agosto de 2009

OBSERVACIONES DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS PARA PANAMÁ (4 DE ABRIL DE 2008)

LA DIFUSIÓN DEL INFORME RECAE INICIALMENTE EN MANOS DEL ESTADO. DADAS INFRUCTUOSAS GESTIONES AL RESPECTO (INCLUYENDO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO) Y A QUE NINGUNA INSTITUCIÓN LO HA COLGADO EN SU PÁGINA WEB, PROCEDEMOS A DARLE DIFUSIÓN POR NUESTROS MODESTOS MEDIOS...


Distr.
RESERVADA
CCPR/C/PAN/CO/3/
4 de abril de 2008
Original: Español
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
92º período de sesiones
Nueva York, 17 de marzo a 4 de abril de 2008


VERSION SIN EDITAR
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS
PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos
PANAMA


1. El Comité examinó el tercer informe periódico de Panamá (CCPR/C/PAN/3) en sus sesiones 2520 ª y 2521 ª (CCPR/C/SR.2520 y 2521), celebradas el 24 y 25 de marzo de 2008, y aprobó, en su sesión 2535 (CCPR/C/SR. 2535), celebrada el 3 de abril de 2008, las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Panamá, aún cuando observa el gran retraso con que el mismo se presentó. El informe contiene información detallada sobre la legislación del Estado Parte, así como sobre sus nuevos proyectos legislativos. Sin embargo, el Comité lamenta que el mismo no proporcione suficiente información sobre la aplicación efectiva del Pacto en la práctica. El Comité expresa su agradecimiento por las respuestas escritas a su lista de preguntas y a aquéllas formuladas oralmente a la delegación, lo que permitió un diálogo abierto y constructivo.

B. Aspectos positivos

3. El Comité toma nota con satisfacción de las reformas legislativas llevadas a cabo por el Estado parte, en particular la adopción de un nuevo Código penal, la derogación de las llamadas leyes de desacato y el proceso de revisión del Código de Procedimiento Penal que se propone, entre otros, mejorar las garantías de todo procesado.

4. El Comité se congratula igualmente de la adopción de la ley sobre violencia doméstica y la adopción de medidas legislativas y administrativas destinadas a prevenir la estigmatización y la discriminación de las personas afectadas por el VIH y SIDA.

5. El Comité acoge con satisfacción diversas medidas adoptadas en relación con las personas con discapacidad, incluida la creación del Consejo Consultivo Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

6. El Comité acoge con satisfacción la reciente adopción de legislación que permite solicitar la residencia permanente a los refugiados que se encuentran en el país desde hace diez años o más.



C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

7. El Comité toma nota del seguimiento dado por las autoridades al informe de la Comisión de la Verdad de 2002 que da cuenta de violaciones del derecho a la vida, incluidas desapariciones, ocurridas entre 1968 y 1989. Sin embargo, le preocupa que la investigación judicial en muchos de los casos documentados aún no ha concluido, mientras que otros han sido declarados prescritos. (Artículos 2 y 6 del Pacto).

El Estado parte debería asegurar que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos, incluidos aquéllos documentados por la Comisión de la Verdad, sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y, en su caso, sancionados y que las víctimas o sus familiares reciban una indemnización justa y adecuada. La prescripción de delitos por violaciones graves de derechos humanos debería ser suprimida.

8. El Comité nota con preocupación que, según el artículo 12 de la Constitución, el Estado podrá negar una solicitud de naturalización por razones de incapacidad física o mental. (Artículo 2 del Pacto).

El Estado parte debería modificar la Constitución con miras a eliminar de la misma esta disposición discriminatoria que resulta contraria al Pacto.

9. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto en el Código Penal, en particular la limitación de que sea practicado dentro de los dos primeros meses de embarazo cuando se efectúa como consecuencia de una violación, la cual debe ser acreditada en instrucción sumarial. (Artículo 6 del Pacto).

El Estado parte debería revisar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.

10. El Comité observa con preocupación que continúan dándose casos de malos tratos a los detenidos por parte de las fuerzas del orden, en particular en los centros penitenciarios pero también en el momento de efectuar la detención policial, sin que estas conductas sean sancionadas en la mayor parte de los casos.(Artículo 7 del Pacto).

a) El Estado parte debería tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los miembros de las fuerzas del orden que cometan actos de malos tratos. En este sentido, el Estado parte debería proporcionar al Comité estadísticas sobre causas penales y disciplinarias iniciadas por este tipo de actos y los resultados de las mismas.

b) El Estado parte debería redoblar las medidas de formación en derechos humanos de las fuerzas del orden a fin de que no incurran en las mencionadas conductas.

c) El Comité nota con satisfacción la información proporcionada por el Estado parte en el sentido de que está estudiando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, el cual prevé el establecimiento de mecanismos de visitas periódicas a lugares de privación de libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité confía en que dicha ratificación tenga lugar.

11. Pese a los esfuerzos en curso destinados a mejorar las condiciones en los centros penitenciarios, incluidas las medidas alternativas a la prisión, preocupa al Comité los altos índices de hacinamiento y las malas condiciones que imperan en dichos centros, en particular la insalubridad, escasez de agua potable y falta de atención médica, así como la escasez de personal y la falta de separación entre acusados y condenados. (Artículo 10 del Pacto).

El Estado Parte debería adoptar medidas para poner fin al hacinamiento en los centros de detención y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10. En particular, el Estado Parte debería tomar medidas para que se cumplan en el país las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.

12. Aunque observa con satisfacción los esfuerzos encaminados a la reducción de la mora judicial y a la disminución del número de presos en detención preventiva, el Comité expresa su preocupación ante la persistencia de una alta proporción de reclusos en dicha situación, así como la larga duración de la detención preventiva. (Artículos 9 a 10 del Pacto).

El Estado parte debería tomar medidas con celeridad para reducir el número de personas en detención preventiva y el tiempo de su detención en esta situación, tales como un mayor recurso a las medidas cautelares, la fianza de excarcelación y un mayor uso del brazalete electrónico.

13. Aunque observa que el Estado Parte es consciente del problema, el Comité muestra su preocupación por las demoras en resolver los recursos de habeas corpus, así como el reducido número de defensores de oficio que existe en el país. (Artículos 9 y 14 del Pacto).

El Estado parte debería tomar medidas para garantizar que este tipo de recursos se resuelvan con la mayor celeridad, de manera a garantizar su eficacia y su razón de ser. El Estado parte también debería tomar medidas para ampliar el número de defensores de oficio existentes en el país con miras a garantizar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos, incluidos aquéllos que no pueden remunerar los servicios de un abogado.

14. El Comité observa con preocupación que muchos refugiados, en particular aquéllos que carecen de un estatuto formal, viven en una situación de precariedad desde el punto de vista económico y legal y que, en general, la legislación no garantiza a todos los extranjeros que se encuentran en territorio panameño y necesitan protección internacional, incluidos los refugiados, apátridas y otras categorías, los derechos previstos en el Derecho Internacional, incluido el Derecho de los refugiados, en particular la obligación del Estado de no exponer a esas personas a tratos contrarios a los artículos 6 y 7 del Pacto. (Artículos 2, 6, 7 y 9 del Pacto).

El Estado parte debería adoptar legislación que permitiera a los refugiados disfrutar de sus derechos reconocidos en el Pacto y cumplir con su obligación de no extraditar, deportar, expulsar o retirar de otro modo a una persona de su territorio, cuando hay razones para creer que existe un riesgo real de provocar un daño irreparable, como el contemplado en los artículos 6 y 7 del Pacto, sea en el país al que se va a trasladar a la persona o en cualquier otro país al que la persona sea posteriormente trasladada.

15. Pese a la existencia de un principio constitucional de libre profesión de todas las religiones, preocupa al Comité que dicha libertad tenga como limitación el respeto a la moral cristiana, la cual podría dar lugar a situaciones de discriminación hacia personas de otras religiones y personas sin convicciones religiosas. (Artículo 18 del Pacto).

El Estado parte debería garantizar la plena igualdad en el disfrute del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión reconocido en el Pacto y evitar toda posibilidad de discriminación en este sentido.

16. El Comité expresa su preocupación ante la discriminación de que es objeto la mujer en el ámbito laboral, incluido el acceso al empleo y las diferencias salariales, a pesar de que la tasa de matriculación femenina en la enseñanza superior supera a la masculina. Preocupa también al Comité la información recibida según la cual, pese a la prohibición legal, se mantiene la práctica de solicitar pruebas de embarazo como requisito para el acceso al empleo. (Artículos 26 y 3 del Pacto).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres en el mundo laboral a fin de garantizar, entre otros, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el salario igual por trabajo igual y la erradicación de la pruebas de embarazo para el acceso al empleo. El no respeto de la prohibición de las pruebas de embarazo debería ser objeto de sanción efectiva.

17. Pese a las disposiciones normativas dirigidas a promover la participación política de la mujer el Comité lamenta la persistencia de bajos índices de participación en este ámbito, tanto en los cargos de elección popular como en los de libre nombramiento. (Artículos 3, 25 y 26 del Pacto).

El Estado parte debería cumplir los objetivos señalados en ese sentido en la Ley de Igualdad de Oportunidades, y en particular tomar medidas para asegurar un incremento de la presencia de la mujer en los niveles más altos de la función pública.

18. El Comité celebra la existencia de una ley contra la violencia doméstica y las medidas tomadas para garantizar su aplicación. Le preocupa sin embargo la alta incidencia de este fenómeno, el elevado número de muertes violentas de mujeres que resultan del mismo y la impunidad de los agresores. (Artículos 3 y 7 del Pacto).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a aplicar la ley contra la violencia doméstica y proteger a las mujeres víctimas de dicha violencia, tales como la creación de albergues en cantidad suficiente donde puedan vivir dignamente, la protección policial de las víctimas y la investigación y castigo de los agresores. En este sentido, el Comité agradecería recibir estadísticas sobre causas abiertas por estos hechos y los resultados de las mismas.

19. El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado Parte por registrar todos los nacimientos, pese a lo cual lamenta que aún existan personas no registradas, especialmente en zonas rurales y en comunidades indígenas. (Artículos 16, 24 y 27)

El Comité recomienda que el Estado parte refuerce las medidas programáticas y presupuestarias necesarias y tome en consideración las buenas prácticas de otros países en esta materia con el fin de asegurar el registro de nacimientos y otros actos de registro civil en todo el territorio nacional, incluido el registro de adultos.

20. El Comité observa con preocupación que pese a la prohibición constitucional del trabajo de los menores de 14 años, incluidos los trabajos domésticos, y las medidas legislativas encaminadas a prohibir las peores formas de trabajo infantil, persiste en el país una alta tasa de trabajo infantil. (Artículos 8 y 24).

El Estado parte debe adoptar medidas urgentes para asegurar la plena aplicación de la legislación con miras a erradicar el trabajo infantil, tales como el establecimiento de un sistema de inspección eficaz. El Estado parte debería además asegurar la plena escolarización de todos los niños en edad escolar.

21. El Comité manifiesta su preocupación ante las informaciones incluidas en el informe del
Estado parte y recibidas de fuentes no gubernamentales sobre la existencia entre la población en general de prejuicios raciales con respecto a los indígenas, así como los numerosos problemas que afectan a las comunidades indígenas, incluidas las graves deficiencias en los servicios de salud y educación; la falta de presencia institucional en sus territorios; la ausencia de un proceso de consultas con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para la explotación de los recursos naturales de sus territorios; los malos tratos, amenazas y hostigamiento de que miembros de las comunidades habrían sido objeto con ocasión de protestas contra la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica o de explotación minera o turística en su territorio; y el no reconocimiento de estatus especial a las comunidades indígenas que no se encuentran dentro de una comarca. (Artículos 1, 26 y 27 del Pacto).

El Estado parte debería:

a) Garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los indígenas y que dicha educación se adecue a sus necesidades específicas;

b) Garantizar el acceso de todos los indígenas a unos servicios de salud adecuados;

c) Llevar a cabo un proceso de consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras en las que viven, y garantizar que en ningún caso dicha explotación atente contra los derechos reconocidos en el Pacto;

d) Reconocer los derechos de las comunidades indígenas que se encuentran fuera de las comarcas, incluido el derecho al uso colectivo de las tierras ancestrales;

22. El Comité establece marzo de 2012 como fecha de presentación del cuarto informe periódico de Panamá. Pide que el tercer informe del Estado Parte y las presentes observaciones finales se publiquen y difundan ampliamente entre el público en general y en los organismos judiciales, legislativos y administrativos. Se deberían distribuir copias impresas de estos documentos en las universidades, bibliotecas públicas, la biblioteca del Parlamento y otros lugares pertinentes. También pide que el tercer informe periódico y las presentes observaciones finales se pongan a disposición de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que funcionan en el país. Sería conveniente distribuir un resumen del informe y las observaciones finales a las comunidades indígenas en sus lenguas.

23. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 71 del reglamento del Comité, el Estado Parte debe presentar dentro de un plazo de un año información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité formuladas en los párrafos 11, 14 y 18 supra. El Comité pide al Estado Parte que incluya en su próximo informe periódico información sobre sus restantes recomendaciones y sobre la aplicación del Pacto en su conjunto.




domingo, 2 de agosto de 2009

LA SOCIEDAD MULTIÉTNICA, PLURALISMO, MULTICULTURALISMO Y EXTRANJEROS, DE SARTORI. BREVES COMENTARIOS A LOS DISLATES DE UN POLÍTOLOGO, EN MATERIA DE DH

LA SOCIEDAD MULTIÉTNICA, PLURALISMO, MULTICULTURALISMO Y EXTRANJEROS, DE GIOVANNI SARTORI. BREVES COMENTARIOS A LOS DISLATES DE UN POLÍTOLOGO, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS


Por Víctor Atencio G.
[1]


En los últimos veinte años, en casi todos los países de Occidente, los derechos sociales -desde el derecho a la salud, pasando por el derecho a la educación, hasta los derechos a la subsistencia y a la asistencia social- han sido objeto de ataques y restricciones crecientes por parte de políticos considerados “liberales”. La constitucionalización de tales derechos y las políticas de bienestar –que constituyen tal vez la conquista más importante de la civilización jurídica y política del siglo pasado- han sido así puestas en discusión y corren hoy el riesgo de verse comprometidas.

Esta debilidad política es también fruto de una debilidad teórica.

Si bien los derechos sociales son solemnemente proclamados en todas las cartas constitucionales e internacionales del siglo XX, una parte relevante de la cultura politológica, y no sólo de la conservadora –de Friedrich A. von Hayek a Barbalet, de Giovanni Sartori a Danilo Zolo-, no considera que se trate propiamente de “derechos”.

Los argumentos para sostener este singular desconocimiento del derecho positivo vigente, no por casualidad articulados por politólogos más que por juristas, son siempre los mismos: que a estos derechos les corresponden, antes que prohibiciones de lesión, obligaciones de prestación positiva, cuya satisfacción no consiste en un no hacer sino en un hacer, en cuanto tal no formalizable ni universalizable, y cuya violación, por el contrario, no consiste en actos o comportamientos sancionables o anulables sino en simples omisiones, que no resultarían coercibles ni justiciables”. (Resaltados nuestros)

Texto extraído del Prólogo que Luigi Ferrajoli, hace a página 9, de la obra de Víctor Abramovich, Cristian Courtis. Los derechos sociales como derechos exigibles. Editorial Trotta. Madrid. 2002.


I. Introducción.

La idea que sustenta el presente artículo surgió en nuestra mente hace algunos años. Era tal vez, finales del 2006, y recién habíamos adquirido la obra “La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros” del politólogo italiano Giovanni Sartori[2].

La obra resulto entretenida para la lectura, hasta que abordamos el capitulo 5 “Derechos Humanos, Derechos del Hombre, Derechos del Ciudadano”.

Desde la perspectiva de nuestro activismo en materia de derechos humanos, dicho capitulo resultaba inaceptable, en gran medida por las graves imprecisiones que en la materia, incurría el famoso autor.

Ello ánimo platicas con nuestros amigos, quienes nos sugirieron escribir un artículo, así fuere breve, sobre el tema. La idea por supuesto nos atrapo, no obstante vimos como fue dejada al lado, producto del activismo, o de ocupaciones más banales. Ya saben lo urgente le quita tiempo a lo importante. Pero el tiempo al igual que el fútbol, siempre suele darte revanchas.

Ya para la fecha de la lectura del libro de Sartori, teníamos la inquietud de abordar con mayor profundidad los estudios polítológicos. Una vez más las amistades jugaron un papel fundamental, pues nos advertían de que nuestra inusual manera (al menos en el escenario panameño) de llegar a los derechos humanos (ellos lo habían hecho desde el activismo político anti-dictadura, yo lo había hecho directamente desde el derecho), hacía deseable la incursión en las artes politologicas, pues el estudio de estas disciplinas complementaba nuestra formación jurídica, lo que a su vez permitía abordar con más amplias luces el estudio, la promoción y la defensa de los derechos humanos; o bien porque las respuestas más profundas que buscábamos ya no se encontraban en el derecho (como continente), sino que debíamos buscarlas fuera de él, por ejemplo en la política (como contenido)[3], entre otras recomendaciones que nos daban.

La verdad es que con esa idea en mente, tomamos la posta, y aceptamos la invitación a la Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología y Ciencias Políticas, a ser impartida en los claustros del la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

Nuestro entusiasmo inicial, rápidamente fue enfriado por una confusa sucesión de incidentes, provenientes de las más distintas fuentes: ya fueren profesores de Sociología, de Teoría Política, Metodología, o incluso compañeros maestrantes, a todos les unía un común denominador, el desden por los derechos humanos, a los cuales veían como algo prescindible, incluso superfluo, cuando no negativo para la sociedad panameña.

Producto de estas experiencias, compartidas incluso por compañeros/as que desde otras trincheras del activismo, toleran con preocupación este tipo de mentalidades, me propongo escribir este artículo, utilizando a Sartori como excusa, y como vehiculo, ya que sus ideas transportan no sólo un excusable desconocimiento del derecho (aunque no lo es en el caso de un pensador de la talla de Sartori), sino algo tal vez más siniestro; reflejo en el caso panameño, de herencias no repudiadas, provenientes de eras terribles de nuestra historia, épocas tal vez más autoritarias.

Dejemos esa idea en el tintero, de momento. Apresurémonos, no obstante, a entrar en materia, para lo que nos dedicaremos a citar las “controversiales” posturas de Sartori en la obra in examine, para posteriormente presentar posturas alternativas, cuando no desmentir su posición, desde perspectivas marcadas por la doctrina en materia de derechos humanos, o desde la jurisprudencia sentada por diversos organismos internacionales (regionales o universales) en sus labores de supervisión del cumplimiento de sus respectivos instrumentos internacionales por parte de los Estado Partes.

Desde luego advertimos que dado que el texto pretende orientar a un público no necesariamente familiarizado con el lenguaje técnico jurídico, trataremos de ser lo más laxos posibles (donde podamos hacerlo) en el manejo de los instrumentos internacionales.

II. Las posturas de Sartori, en materia de derechos humanos, en la obra La sociedad Multiétnica.

A página 180, casi inmediatamente iniciado el polémico capitulo 5 de su obra, Sartori nos sorprende con un intento de definición y relato del surgimiento histórico de los derechos humanos, el cual pasamos a citar íntegramente, para poder proceder a su análisis:

“¿Y los derechos humanos ¿Qué son?

Su origen se puede hacer remontar a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas (aprobada el 10 de diciembre de 1948 por 44 Estados, con sucesivas adhesiones). La expresión es aún “derechos del hombre”; pero ahora estos derechos son declarados “universales”. ¿Lo son verdaderamente?...Otra diferencia es que la declaración de las Naciones Unidas sigue siendo eso, una “declaración”. Los derechos del hombre de 1789 se incorporan en las constituciones de tipo occidental. Los derechos universales de las Naciones Unidas no. Las legislaciones nacionales de algunos Estados los pueden recibir; pero la Declaración de 1948 no es por sí misma obligatoria”.

Pese a que confieso no ser experto en el derecho panameño (se imaginarán que lo soy mucho menos del derecho italiano); no dejan de extrañarme las declaraciones de Sartori a la luz del texto Constitucional Italiano de 1947, que dispone que el ordenamiento jurídico interno se ajusta a las normas de derecho internacional generalmente reconocidas[4]. Al ser ello así, se hace necesario saber ¿cuales son dichas normas internacionales generalmente reconocidas?

La respuesta podemos hallarla en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:

Artículo 38

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”. (Resaltados nuestros)

Luego, la Declaración Universal (en adelante DUDH o la Declaración Universal), encontraría muchas vías de ser jurídicamente exigible para Estados como el italiano.

Pensemos por ejemplo en convenios internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial[5]. La misma en su artículo 4 dispone:

“Artículo 4.

"Los Estados Partes... se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación [racial] y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, así como todo acto de violencia, incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades y las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella." (Resaltado nuestro)

Luego tenemos el curioso escenario (para Sartori al menos) en donde una norma de derecho internacional generalmente reconocida, exigible para el Estado italiano en base a su texto constitucional; le da el carácter de principios a los contenidos de la Declaración Universal, lo que ya hace que la “Declaración” no sea sólo eso, sino una norma exigible jurídicamente.

Pero las posibilidades de exigibilidad jurídica para la Declaración no se agotan ahí.

En 1999 el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante CrEDH) sostuvo:

“4. La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales fue abierta a la firma en noviembre de 1950 y entró en vigor en setiembre de 1953. La Convención establece una lista de derechos y libertades civiles y políticas y una arquitectura institucional para la aplicación de los derechos consagrados en la Declaración Universal, constituida por la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Comité de Ministros del Consejo de Europa y la Corte Europea de Derechos Humanos. En 1998, a raíz de una creciente carga de trabajo de la Corte, entró en vigencia el Protocolo 11 de la Convención que modificaba la manera en que la Corte desempeñaba la función jurisdiccional. ”[6] (Resaltado nuestro)

Así hay otro Convenio que obliga al Estado italiano, que es diseñado para aplicar en territorio europeo, los contenidos de la Declaración Universal. Luego y dada la vigencia de dicho instrumento, ¿cómo podría entenderse que los contenidos de la DUDH son una mera “declaración”? Y ello sin contar la práctica inveterada de la Corte Europea de citar los textos de la Declaración Universal, para interpretar los contenidos de la Convención Europea para la Protección de los derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH o la Convención Europea).

Por su parte la mejor doctrina ha sostenido la incorporación de la Declaración Universal en el ámbito de la costumbre internacional (¡o no señor Sartori, otra norma de derecho internacional generalmente reconocida!), y reconocido su carácter vinculante[7].

Así no luce muy precisa la afirmación del politólogo italiano, respecto del valor jurídico de la Declaración Universal.

Empero como veremos, la obra de Sartori da mucho espacio para rebatirle en materia de derechos humanos.

En el texto, inserto en el debate suscitado en Italia respecto de reformas a las normas migratorias, el autor se permite intentar desnaturalizar el derecho humano al asilo (¿refugio?), calificar a los desplazados internos y externos producto de conflictos armados como “prófugos internos”[8] o fugitivos[9] (al menos en la versión en español del texto), es decir como personas, no que huyen de la pobreza, la muerte o la violencia, sino delincuentes que huyen de la autoridad y la ley; y además manifiesta una vez más su negación o desconocimiento del proceso de positivación internacional de los derechos humanos(y sus efectos jurídicos), originado luego de la segunda de las grandes guerras, siendo dicho proceso necesario para evitar las violaciones a los derechos humanos que propiciaron los Estados a lo interno, generalmente sobre sus ciudadanos, desconociendo los derechos insertos en las constituciones liberal-democráticas[10]:

En los Estados liberales derechos humanos y derechos del ciudadano se superponen, y en ese caso son los segundos los que dan vigencia y positividad a los primeros…la función de los derechos humanos es sostener los principios liberales en las sociedades “decentes”, y legitimar el rechazo de los Estados fuera de la ley. Por el contrario –deduzco yo- un magistrado[11] que en Italia o en Francia invoca los derechos humanos da muestras de no tener claro qué son o exige algo que ya tiene”[12]. (Resaltados nuestros)

De ser cierta la primera afirmación del señor Sartori, ¿en dónde quedarían actuaciones como las del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en adelante CDHNU o el Comité) en el sentido de ordenar a Estados como Panamá, la modificación de sus constituciones para eliminar disposiciones discriminatorias[13]?; ¿qué valor tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de inconvencionalidad de normas constitucionales[14], y el papel de guardas de la convencionalidad que esa instancia internacional le ha reconocido a los jueces del ámbito interno de los Estados Partes de la Convención Americana[15]?.

Ello ameritaría una reflexión más detenida, si pensamos que pese al carácter jerárquicamente superior de las normas internacionales en materia de derechos humanos, estas no buscan derogan los estándares superiores en materia de protección a los derechos humanos, que pudieren existir en el ámbito interno de los estados, toda vez que el objetivo de esta rama especialísima del Derecho Internacional, es la protección del ser humano. Para ahondar en este punto, sirvan las reflexiones vertidas por el Juez de la CrIDH Cancado Trindade, en su Voto Razonado de la Sentencia de 22 de enero de 1999 (Reparaciones y costas) en el Caso Blake vs. Guatemala:

“5. La tensión entre los preceptos del Derecho Internacional Público y los del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es de difícil explicación: mientras los conceptos y categorías jurídicos del primero se han formado y cristalizado sobretodo en el plano de las relaciones interestatales…los conceptos y categorías jurídicos del segundo se han formado y cristalizado en el plano de las relaciones intraestatales, es decir, en las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones (erigidos estos últimos en sujetos de aquel ordenamiento jurídico).

6. La referida tensión - de la cual da testimonio elocuente el presente caso Blake - era, pues, de esperarse. Los conceptos y categorías jurídicos del Derecho Internacional Público, construidos en el marco de un ordenamiento jurídico de coordinación en consonancia con el principio de la igualdad jurídica de los Estados, pasaron a mostrarse no siempre adecuados cuando son transpuestos al dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este último, a su vez, pasó a contribuir decisivamente al rescate histórico de la posición del ser humano en el derecho de gentes (droit des gens), en consonancia, inclusive, con los orígenes históricos de esta disciplina. Al reglamentar nuevas formas de relaciones jurídicas, imbuido de los imperativos de protección, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos vino naturalmente a cuestionar y desafiar ciertos dogmas del pasado.

7. Distintamente del Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no rige las relaciones entre iguales; opera precisamente en defensa de los ostensiblemente más débiles y vulnerables (las víctimas de violaciones de los derechos humanos). En las relaciones entre desiguales, se posiciona en defensa de los más necesitados de protección. No busca obtener un equilibrio abstracto entre las partes, sino más bien remediar los efectos del desequilibrio y de las disparidades en la medida en que afectan los derechos humanos. No se nutre de las concesiones de la reciprocidad, sino se inspira más bien en las consideraciones de ordre public en defensa de intereses comunes superiores. Es un verdadero derecho de protección, marcado por una lógica propia, y dirigido a la salvaguardia de los derechos de los seres humanos y no de los Estados”. (Resaltados nuestros)

Mención aparte merece la afirmación de Sartori, en el sentido de que la función de los derechos humanos es sostener los principios liberales en las sociedades decentes. Hoy en día, con los desarrollos por ejemplo, en materia de vida digna[16], presentes en la jurisprudencia internacional, los derechos humanos también sostienen principios socialistas; en un afán tal vez pragmático de, sin importar de que parte del espectro ideológico provenga la respuesta, lo importante sería garantizar la protección de los seres humanos, respecto del sufrimiento generado por el temor y la miseria, en base a lo que disponen principios rectores como el pro homine[17] o favor debilis[18].

Esto permite preguntarse si una sociedad que no garantice el acceso a la vida digna de la población podría seguir siendo catalogada de “decente”.

Además de estos desaciertos, el politólogo italiano se permite, intentar una suerte de definición de lo que son los derechos humanos, y facilitar un listado de estos.

En efecto Sartori los identifica con los derechos civiles y políticos, indicando que estos “no son distintos de los ya planteados y recibidos en todas las constituciones liberal-democráticas”[19], siendo así “un subconjunto de derechos que poseen los ciudadanos en un régimen constitucional liberal-democrático”[20]. (Resaltado nuestro)

Lastimosamente para el politólogo, el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos desmiente sus afirmaciones.

Así surge incontestable la Opinión Consultiva No. 18 de la CrIDH, relativa a los Migrantes indocumentados[21].

En ella la Corte Interamericana (a párrafo 101) no sólo da el importante paso de declarar que, los principios de igualdad ante la ley y no discriminación forman parte del Ius Cogens (normas imperativas de derecho internacional), es decir el más elevado nivel jerárquico de las normas internacionales (con efectos erga omnes, o lo que es lo mismo, exigibles a todos, miembros de la comunidad internacional, particulares etc.); sino que en función de ello:

“117. En virtud de lo anterior, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes[22].

118. Se debe señalar que la situación regular de una persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de la igualdad y no discriminación, puesto que, como ya se mencionó, dicho principio tiene carácter fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio. Esto no significa que no se podrá iniciar acción alguna contra las personas migrantes que no cumplan con el ordenamiento jurídico estatal. Lo importante es que, al tomar las medidas que correspondan, los Estados respeten sus derechos humanos y garanticen su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa.

119. Los Estados, por lo tanto, no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de los migrantes. Sin embargo, sí puede el Estado otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto de los migrantes indocumentados, o entre migrantes y nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, proporcional, y no lesione los derechos humanos. Por ejemplo, pueden efectuarse distinciones entre las personas migrantes y los nacionales en cuanto a la titularidad de algunos derechos políticos. Asimismo, los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingresos y salidas de migrantes indocumentados a su territorio, los cuales deben siempre aplicarse con apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana”. (Resaltados nuestros)

Aunque creemos que la sola lectura del artículo 1 de la CEDH le hubiera bastado al señor Sartori, para salir de su error[23], salvo que el considere que los migrantes no son personas humanas.

Pero ¿cuál es la importancia jurídico-política de la existencia de principios de derechos humanos Jus Cogens?

Trindade con manifiesta claridad nos responde esa interrogante:

“73. Las manifestaciones del jus cogens internacional marcan presencia en la propia manera como los tratados de derechos humanos han sido interpretados y aplicados: las restricciones, en estos previstas, a los derechos humanos que consagran, son restrictivamente interpretadas, salvaguardando el Estado de Derecho, y demonstrando que los derechos humanos no pertenecen al dominio del jus dispositivum, y no pueden ser considerados como simplemente "negociables"[24]; todo lo contrario, permean ellos el propio orden jurídico nacional e internacional. En suma y conclusión sobre el punto en examen, la emergencia y consagración del jus cogens evocan las nociones de órden público internacional y de una jerarquía de normas jurídicas, así como la prevalencia del jus necessarium sobre el jus voluntarium; el jus cogens se presenta como la expresión jurídica de la propia comunidad internacional como un todo, la cual, en fin, toma conciencia de sí misma, y de los principios y valores fundamentales que la guían[25]”. (Resaltados nuestros)

Es evidente que el establecimiento de la voluntad de los Estados, en lenguaje político, implicaría mínimamente la toma de decisiones políticas, en el marco del rejuego democrático, y dentro de las competencias propias de los Órganos de Poder que forman parte del sistema político (ya fuere en el ambito internacional o interno de los Estados). Huelga resaltar que le esta vedado a las instancias de toma de decisiones políticas adoptar ninguna medida que menoscabe su goce y ejercicio, más allá de los términos en que el Derecho Internacional lo considera lícito, y cuando ello fuere posible[26].

Si además consideramos que la citada opinión consultiva abordaba temas de lo más diversos, por ejemplo derechos laborales de trabajadores migrantes, la distancia que existe entre la realidad de la práctica internacional en materia de derechos humanos, y las doctrinas de los politólogos se hace cada vez más abismal.

Pero nuestra perplejidad ante las aseveraciones del politólogo llego al paroxismo, al leer frases como estas:

“Cuando se definan los derechos humano-humanitarios, y cuando se establezca que tribunales tienen jurisdicción sobre qué temas, entonces estaré dispuesto a inclinarme ante su majestad. Pero no antes, ahora no.

Ahora observo en cambio que la apelación a los derechos humano-humanitarios esta incubando un para-derecho destructivo del derecho. En parte porque en un derecho que se hace humanitario meten la mano avalanchas crecientes de ignorantes (en derecho). El para-derecho abre de par en par las puertas a los incompetentes. Pero en parte eso ocurre porque son también precisamente los peritos juristas los que están perdiendo su pericia[27]. (Resaltados nuestros)

Estas afirmaciones merecen respuestas a varios niveles. En primer lugar, si el profesor Sartori estuviere en Panamá, probablemente a estas alturas ya estaría acusado de ejercicio ilegal de la profesión, al intentar interpretar la Ley, ejercicio reservado a los idóneos, es decir a abogados con pericia para interpretar el derecho.

No obstante resulta curiosa la ignorancia supina en derecho manifestada una y otra vez, por Sartori (pese a reclamársela a los estudiosos de los derechos humanos).

Y es que, insistimos, existen muchos tratados de derechos humanos, algunos de los cuales dijimos, establecen organismos encargados (que pueden ser regionales o universales, dependiendo de la consecuente competencia ratione loci de los mismos) de supervisar su cumplimiento por parte de Estado que los hayan ratificado.

Siendo así, ello permitiría informarle al politólogo que, por ejemplo, el CDHNU tiene competencia, de acuerdo al artículo 1 del Protocolo Opcional I (en adelante POI o el Protocolo) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP), “para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto”.

Dicho Protocolo fue firmado por Italia el 30 de abril de 1976, y ratificado el 15 de septiembre de 1978. El mismo entró en vigor el 23 de marzo de 1976.

No obstante si la naturaleza cuasi-judicial del Comité no satisficiere las pretensiones de Sartori, podríamos darle más detalles iluminadores.

Por ejemplo Italia ha firmado (4 de noviembre de 1950) y ratificado (26 de octubre de 1955) la CEDH, y reconocido la competencia contenciosa de la CrEDH. Amen de ponderar que ese Tribunal Internacional ya ha conocido muchos procesos en contra del Estado italiano.

Es hasta agotador insistir en la competencia contenciosa de instancias como estas, cuando la hemos citado abundantemente a lo largo del texto. No obstante el señor Sartori necesita, al parecer, abundantes aclaraciones al respecto.

Así las cosas, salvo calcificación en contrario en el cóccix, el politólogo debiera inclinarse ante la majestad de la plena exigibilidad y vigencia de los derechos humanos en la actualidad; y ante su universalidad, igualdad, inalienabilidad e interdependencia.

III. Conclusiones.

Estas lecciones que estamos sacando de las poco felices declaraciones de Sartori, no deben pasar desapercibidas para los politólogos y demás cientistas sociales panameños, que en muchos casos, salvo contadas y honrosas excepciones[28], incurren, por las mismas razones, en los errores (¿horrores?) de su colega italiano. Y es que Panamá también ha ratificado el Protocolo Opcional I del Pacto de Derechos Civiles y Políticos[29], amen de haber ratificado muchos otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos[30], y ha reconocido por ejemplo, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[31].

Vale la pena aclarar que las respuestas brindadas por Sartori están marcadas, no sólo por el ambiente político italiano, sino por su interpretación de la realidad normativa de su país. No obstante las mismas son equivocadas como hemos visto en muchos casos, y altamente discutibles en otros, cuando no reprochables; ya que a mi gusto las mismas revelan no sólo una visión podero-céntrica de la Política, o su conservadurismo, sino a veces un velado racismo y xenofobia.

Así resultaría artificial trasladar el debate sobre la exigibilidad de la Declaración Universal para el Estado panameño[32], en virtud de que, por ejemplo, normas internas como la CADH, han sido interpretadas por la CrIDH en el sentido de que ella no puede ser interpretada por los Estados en un sentido que permita “excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”[33].

Luego creemos que no es exagerado suponer que la CADH no puede ser interpretada en un sentido de limitar o excluir la protección brindada por la Declaración Universal, instrumento internacional de la misma naturaleza que la Declaración Americana.

Por otra faz estamos reescribiendo un artículo en donde explicaremos que es eso de la visión podero-céntrica de la Política. No obstante creemos que el dialogo actual en materia de las relaciones derechos humanos-democracia, ha abonado en un camino en donde ambos derecho y política se humanizan. Es decir, la balanza se esta inclinando a colocar en un papel central a la persona humana (humano-centrica), y no al ejercicio del poder político, o sus razones; no siendo válido supeditar a aquel a los fines de este.

La razón de la humanidad sobre la razón de Estado, la supremacía de la persona humana (con su igualdad y libertad) como fin, frente a otros fines como la seguridad, deben ser conceptos a manejar por los expertos en Ciencias Políticas, cuya teorías, sino pretenden quedar anacrónicas, deberían intentar llevar al menos, hasta el estado del arte en materia de derechos humanos.

Ello claro, siempre que sus fines transiten por los caminos de la protección del débil, del que sufre, en definitiva de la persona humana. Sino ya sabemos, sirven a los fines del poder.

Ojalá, así no sea.


[1] El autor es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Maestrante de la Maestría de Ciencias Sociales con énfasis en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Activista de Derechos Humanos y Vice-Presidente del Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM).
[2] Giovanni Sartori. La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Editorial Taurus. Madrid, España. Agosto de 2001.
[3] Aunque ahora estimo que de concluirse el largo (y tal vez inacabable) camino de conocer la política, no encontraremos las respuestas que buscamos, ya que ellas pueden hallarse en el campo filosófico. Ahora bien, ya entendemos que quizas, nunca hallemos las respuestas que buscamos. La filosofía recoge interpretaciones que han hecho hombres respecto de las causas últimas. La sola palabra interpretación ya nos dice porque no encontraremos el tipo de respuestas que estábamos buscando, Y es que tal vez no existan, al menos como lo entendíamos al iniciar nuestra búsqueda.
[4] Constitución Italiana de 1947.

“Artículo 10
El ordenamiento jurídico italiano se ajustará a las normas del derecho internacional generalmente reconocidas.
La situación jurídica de los extranjeros se regulará por la ley en los términos que establezcan las normas y los tratados internacionales.
Todo extranjero, al que se impida en su país el ejercicio efectivo de las libertades democráticas garantizadas por la Constitución italiana, tendrá derecho de asilo en el territorio de la República con arreglo a las condiciones establecidas por la ley.
No se admitirá la extradición de extranjeros por delitos políticos”.

[5] Firmada por Italia el 13 de marzo de 1968, ratificada el 5 de enero de 1976. Entro en vigencia del 4 de enero de 1969. Los Estados se encuentran vinculados en base al principio de buena fe a cumplir con las los tratados al momento de firmarlos. La ratificación les hace exigibles. Todo esto explicado en términos muy llanos.
[6] Presidente de la Corte Europea Permanente de Derechos Humanos, citado en 20/3 Hum.Rts.L.J. 114 (1999), citado por Henry J. Steiner y Philip Alston, International Human Rights in Context, Segunda Edición, 799. Visible en el resumen de jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, accesible a través de la liga http://www.cidh.org/RELATORIA/showarticle.asp?artID=263&lID=2
[7] El valor de la declaración universal de los derechos humanos" en: Manuel Ventura Robles, Ed. En: The Modern World of Human Rights-El mundo moderno de los derechos humanos: Essays in Honour of Thomas Buergenthal/Ensayos en Honor de Thomas Buergenthal. San José, C. R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996. Págs. 255-265.

[8] Ibid. Cit. página 187.
[9] Ibid. Cit., pág. 186.
[10] En el marco de la campaña a la Defensoría del Pueblo del Dr. Alfredo Castillero Hoyos, escribimos un breve opúsculo, titulado Panamá en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicado el 7 de enero de 2006 en el diario Panamá América. Se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica http://victoratenciog.blogspot.com/2009/08/panama-en-el-comite-de-derechos-humanos.html
[11] En clara alusión crítica al comportamiento de parlamentarios italianos y a los Magistrados del Tribunal Constitucional Italiano que intentaban humanizar las leyes migratorias, y aplicaban las normas de derechos humanos para evitar la discriminación y otras violaciones a los derechos de estos seres humanos.
[12] Ibid. Cit. 183.
[13] Observaciones Finales del CDHNU al Informe presentado por el Estado panameño, en atención a las obligaciones que emanan del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En dicho texto el CDHNU le indico al Estado panameño que:

“8. El Comité nota con preocupación que, según el artículo 12 de la Constitución, el Estado podrá negar una solicitud de naturalización por razones de incapacidad física o mental. (Artículo 2 del Pacto).

El Estado parte debería modificar la Constitución con miras a eliminar de la misma esta disposición discriminatoria que resulta contraria al Pacto”. (Resaltado del Comité)
Lo mismo ocurre con en artículo 35 en materia de libertad religiosa.
[14] CrIDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73
[15] CrIDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154:

“124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. (Resaltado nuestro)

[16] A manera de ejemplos sirvan los casos de la Comisión Interamericana de derechos Humanos INFORME N° 63/99, CASO 11.427, VÍCTOR ROSARIO CONGO vs. ECUADOR, 13 de abril de 1999 y CrIDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrafo 191.
[17] Sugerimos la lectura de nuestro artículo "El principio pro homine: una aproximación", disponible en la liga http://victoratenciog.blogspot.com/2009/05/el-principio-pro-homine-una.html . Una versión impresa de dicho artículo fue publicado el 13 de febrero del 2007 en el Diario La Estrella.
[18] Respecto del surgimiento histórico de este principio recomendamos el artículo “EL Código de Hammurabi: ¿primera consagración legislada del principio favor debilis? Otras reflexiones jurídico-políticas. Disponible en http://victoratenciog.blogspot.com/2009/05/el-codigo-de-hammurabi-primera.html .
En cuanto a la delimitación conceptual del mismo y sus alcances sugerimos la lectura del artículo "El principio favor debilis vs independencia del Defensor del Pueblo. Su vinculación e importancia". Visible en la liga http://victoratenciog.blogspot.com/2009/05/el-principio-favor-debilis-vs.html
[19] Ibid. Cit., página 182.
[20] Ibid. Cit., página 182.
[21] Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18.
[22] Cfr. Naciones Unidas, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague en marzo de 1995, Programa de Acción, párrs. 63, 77 y 78; Naciones Unidas, A/CONF.171/13, 18 de octubre de 1994, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994, Programa de Acción, Capítulo X.A. 10. 2 a 10.20; Asamblea General de las Naciones Unidas, A/CONF. 157/23, 12 de julio de 1993, Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada enViena, Austria, del 14 al 25 de junio de 1993, Declaración y Programa de Acción, I.24 y II.33-35.

[23] CEDH:

“Artículo 1 . Obligación de respetar los derechos humanos

Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio”. (Resaltado nuestro)
[24]. J.A. Pastor Ridruejo, "La Convención Europea de los Derechos del Hombre y el `Jus Cogens' Internacional", in Estudios de Derecho Internacional - Homenaje al Profesor Miaja de la Muela, tomo I, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, pp. 581-590. - Sobre la posibilidad de la incidencia del jus cogens en la propia elaboración de proyectos de instrumentos internacionales, cf. discusión in G.M. Danilenko, "International Jus Cogens: Issues of Law-Making", 2 European Journal of International Law (1991) pp. 48-49 y 59-65.
[25]. A. Gómez Robledo, El Jus Cogens Internacional (Estudio Histórico Crítico), México, UNAM, 1982, pp. 20-21, 222-223 y 226, y cf. p. 140; y cf. también R.St.J. Macdonald, "Fundamental Norms in Contemporary International Law", 25 Annuaire canadien de Droit international (1987) pp. 133-134, 140-142 y 148.
[26] Porque hay derechos que en ninguna circunstancia pueden ser limitados su goce y ejercicio. Son los llamados “derechos inderogables”. En el caso de la CADH los mismos se encuentran consagrados inicialmente en el numeral 2 del artículo 27.
[27] Ibid. Cit., página 189.
[28] Me viene a la mente el ejemplo del Dr. Alfredo Castillero Hoyos, actual Director General de Política Exterior, quien fuere miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
[29] Lo firma el 26 de julio de 1976 y lo ratifica el 8 de marzo de 1977.
[30] La firma el 22 de noviembre de 1969, y la ratifica el 5 de agosto de 1978.
[31] A partir del 9 de mayo de 1990.
[32] Razón por la que al no pretender transformarme en experto de derecho italiano, o jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, no he ahondado sobre las posiciones jurisprudenciales que este tribunal haya podido asumir en la materia (si la hubiere). Por supuesto que gustosamente en otra oportunidad, con más tiempo, me dedicaré a ahondar ese tema.
[33] Literal d del Artículo 29 de la CADH (haciendo la salvedad de que no recordamos que exista disposición similar en la CEDH). Respecto del tema de la exigibilidad de la Declaración Americana se puede consultar Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10:

“46. Para los Estados Partes en la Convención la fuente concreta de sus obligaciones, en lo que respecta a la protección de los derechos humanos es, en principio, la propia Convención. Sin embargo hay que tener en cuenta que a la luz del artículo 29.d), no obstante que el instrumento principal que rige para los Estados Partes en la Convención es esta misma, no por ello se liberan de las obligaciones que derivan para ellos de la Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA.

47. La circunstancia de que la Declaración no sea un tratado no lleva, entonces, a la conclusión de que carezca de efectos jurídicos, ni a la de que la Corte esté imposibilitada para interpretarla en el marco de lo precedentemente expuesto”.