domingo, 31 de mayo de 2009

NO HEMOS APRENDIDO NADA

La Prensa, 8 de agosto de 2008.

Durante algún tiempo he observado las consecuencias negativas que a nuestro país trajo, el no adelantar adecuados procesos de justicia transicional, frente a las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, cometidas en periodos que nuestra historia recuerda como la dictadura y la invasión. Hoy concentrémonos en lecciones no aprendidas, dadas las fallidas respuestas en el tema de la dictadura militar.

Empecemos con el resurgimiento del militarismo. A vista, ciencia y paciencia de todos, los vinculados al periodo dictatorial han aplicado recetas del viejo libro, barnizadas ahora como medidas necesarias para la seguridad de todos, de naturaleza razonable, legales y democráticas. Que no lo creen, dirán los “escépticos”, las partes interesadas, así como los justificadores del Poder.
Documentos oficiales del Estado no nos dejan mentir. El Informe de la Comisión de la Verdad (en adelante CVP) nos recuerda que la alta oficialidad de la Guardia Nacional, mediante “Comunicado al País”, desde el 11 de octubre de 1968 suspende el goce de ciertos derechos fundamentales (establecen un estado de excepción).
Luego disuelven la Asamblea, para empezar a legislar por Decreto. Así se adscribe a la Guardia Nacional, el Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) mediante Decreto de Gabinete No. 76 de marzo de 1969, quedando la investigación de los delitos en manos del aparato militar, lo que provoco muchos abusos.
Más adelante en octubre del 1969 se dictan los Decretos de Gabinete No. 342 sobre orden público, y el Decreto de Gabinete No. 343 que limita la libertad de expresión. Particularmente el Decreto 342 estableció toda una serie de delitos y faltas, incluyendo el “insulto a la autoridad” que era sancionado hasta con 2 años.

Posteriormente en 1972 la Constitución Política consagro en su artículo 34 la obediencia debida.
Así, muchos paralelismos parecen existir entre las recetas de viejo cuño, y las nuevas intentadas por el actual gobierno y sus albaceas, mediante las cuales se han conculcado de manera más o menos exitosa según el caso, nuestros derechos humanos. Recordemos la ley de seguridad ciudadana, para combatir la delincuencia juvenil (estado de excepción barnizado de legal), las declaraciones del señor Mirones respecto de una propuesta de ley para sancionar la falta de respeto a la autoridad, la norma de obediencia debida para el SPI, la creación de la DIJ como mecanismo de investigación en manos de la Policía Nacional (recuerden el DENI), el ilegal nombramiento de un Director uniformado de la Policía Nacional, la creación jurisprudencial de nombres “inmencionables” en los medios, Poderes Especiales en materia de Seguridad, que implican retroceder en estándares ya alcanzados en aspectos de reparación a las victimas de la dictadura (ver articulo de Opinión “Poderes Especiales: ¿Retorno o no al militarismo?” La Prensa 19 de julio de 2008); y las nuevas medidas propias de un Estado Vigilante High Tech, de tendencia autoritaria, como las escuchas telefónicas, o la ilegal video vigilancia entre otras.
La historia nos demuestra que al parecer, nada se aprendió de esas eras donde el respeto de los derechos fundamentales no era una prioridad para quienes, supuestamente, velaban por el bien común. Aquí uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? Una de las posibles causas es que tal vez los responsables nunca aprendieron de sus errores, pues no se les exigió hacerle frente a los mismos.
En esto último tienen su cuota de culpa los gobernantes de la dictadura que durante 21 años se granjearon una escandalosa impunidad, y todos los Gobiernos Post-invasión, incluyendo la actual administración.
Estas precisiones deben tenerlas presentes todos aquellos que (atención pre-candidatos presidenciales oficialistas), so pretexto de la seguridad, añoran la que supuestamente nos fue brindada en la dictadura, la cual les recordamos fue pagada, al precio de la sangre de conciudadanos y extranjeros.
En estos desenlaces mucha responsabilidad tenemos los panameños, pero también la Comunidad Internacional y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
La CVP demuestra como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) le dio la espalda a los pedidos del Presidente Arias (1968), de que intervinieran debido al acaecimiento del Golpe. Asimismo puede recordarse (como lo hacen algunas fuentes conocedoras del tema) como la CIDH retuvo la publicación del Informe de País hasta que fueren aprobados los Tratados Torrijos-Carter, a fin de evitar que el ala liberal del Congreso de Estados Unidos se opusiere, dado el “record” de derechos humanos del régimen. Por ello, y pese a esfuerzos posteriores, siempre es dable pensar que diferente hubiere sido la historia, si no se le hubiere permitido a la dictadura militar estirar sus piernas. ¿Cuánto sufrimiento injustificable, cuántas muertes, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos masivos, violaciones sexuales en prisión, vuelos de la muerte y exilios se hubieren evitado, si los organismos internacionales hubieren intervenido a tiempo? La respuesta a esta pregunta queda en manos del respetado lector.
Empero estas omisiones no forman parte del pasado de la Honorable CIDH. En octubre del 2007, familiares de víctimas de la dictadura, activistas y ONGs de derechos humanos, le presentaron una solicitud de medidas cautelares, para evitar que Estados Unidos extraditará a Noriega a Francia; bajo el argumento (a la sazón inédito en el Sistema Interamericano) de que su eventual extradición pone en peligro los derechos de verdad, justicia y reparación suficiente de las víctimas de la dictadura, quienes no han recibido verdad de Noriega, dada su nula colaboración en los procesos penales que se realizan en su contra, quienes no han visto a este señor cumplir condena por los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Panamá, y además; no han sido indemnizadas por el general o sus secuaces, en virtud de los vejámenes sufridos. No obstante esto ultimo, todavía piensan subastar los bienes de Noriega, sin plantear siquiera si el producto de su venta puede dedicarse a la reparación de las victimas.
Pese a lo anterior ¿cuál fue la respuesta de la CIDH frente a esta solicitud? Ninguna. Al parecer no había razones jurídicas para acceder a lo solicitado en la medida cautelar. E inclusive hubo (supuestamente) razones de real politik, que hacían no recomendable hacerlo.
Próximamente continuaremos con reflexiones que guardan relación con lo acá contado, y que esperamos modestamente tengan alguna relevancia en la inacaba agenda de la justicia transicional, respecto de la dictadura militar, máxime cuando el affaire Noriega permanece inconcluso.
Ojala así sea.

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